APROBADO EL PROYECTO DE LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE
Forma parte de la Estrategia de Economía Sostenible, destinada a impulsar la recuperación de la economía española por una senda de crecimiento equilibrado y generador de empleo.
El texto definitivo incorpora aportaciones de órganos consultivos, agentes sociales y Comunidades Autónomas,
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, una profunda reforma transversal de múltiples aspectos que rigen la actividad económica y que supone un nuevo paso en la modernización de la economía española.
La Ley de Economía Sostenible se articula a través de medidas horizontales que se aplican tanto a agentes públicos como privados y nace con un doble objetivo fundamental:
Mejorar la posición de salida de la crisis económica.
Reorientar la actividad económica hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles desde un punto de vista económico, social y medioambiental, reforzando al mismo tiempo los elementos más sólidos y estables de nuestro modelo productivo.
Esta Ley es la pieza central de la Estrategia para la Economía Sostenible, un plan global de reformas estructurales que tiene como finalidad modernizar el patrón productivo e impulsar la recuperación de la economía española por una senda de crecimiento equilibrado y generador de empleo.
Hasta la fecha éstas son las iniciativas incluidas en la Estrategia que ya han sido puestas en marcha por el Ejecutivo en los últimos meses:
- Propuesta de reforma del mercado laboral
- Propuesta de reforma del sistema de pensiones
- Plan de prevención contra el fraude
- Reestructuración de las líneas del ICO
- Reales Decretos de desarrollo de la Ley Ómnibus
- Ley de Mediación y Arbitraje
La Estrategia se complementa con dos Fondos, operativos desde el 1 de enero de este año:
El Fondo para la Economía Sostenible, dotado con veinte mil millones de euros hasta 2011, gestionado por el ICO y cofinanciado al 50 por 100 por las entidades financieras, que se destina a la financiación de proyectos de inversión por parte del sector privado en los sectores y actividades prioritarios para la sostenibilidad.
El Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dotado con cinco mil millones de euros, que está permitiendo a las entidades locales impulsar el desarrollo de parques científicos y tecnológicos; el despliegue y acceso a las redes de telecomunicaciones de nueva generación; proyectos de ahorro y eficiencia energética; de desarrollo de energías renovables; de movilidad urbana sostenible; o de centros de servicios sociales y sanitarios.
El texto definitivo del Proyecto de Ley aprobado hoy incorpora un gran número de aportaciones realizadas en la fase de consulta pública por multitud de organismos y entidades de la sociedad civil, desde agentes sociales, hasta Comunidades Autónomas y Entes Locales, pasando por una amplísima relación de órganos consultivos, y en especial el Consejo de Estado. A partir de ahora, la Ley inicia su trámite parlamentario.
PRINCIPALES EJES DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE
Mejora del entorno económico
Concentra las reformas en el sector público que se orientan a garantizar un entorno económico eficiente y de apoyo a la competitividad de las empresas y la economía españolas. Estos son algunos de los aspectos más destacados:
La Ley regula el principio de buenas prácticas en las administraciones públicas. Igualmente establece la corresponsabilidad de todas las Administraciones Públicas ante eventuales sanciones de la Unión Europea en caso de incumplimiento de la normativa comunitaria por parte de cualquiera de ellas.
Aborda también la reforma de los organismos reguladores de carácter económico, introduciendo por primera vez en nuestro ordenamiento un marco horizontal, común a todos ellos: se reduce el número de miembros de los Consejos con el fin de mejorar la gobernanza de las instituciones, y se establecen nuevos mecanismos de control, a través de la comparecencia de los candidatos a presidente y consejeros del organismo regulador ante el Parlamento antes de ser nombrados y después, anualmente, para rendir cuentas de su actividad.
Incluye medidas de reforma del mercado financiero, con la reforma de la Ley del Mercado de Valores para que las sociedades cotizadas pongan a disposición de los accionistas un informe sobre remuneraciones que será aprobado en la Junta General, y de la Ley de Coeficientes de Inversión, que permitirá al Banco de España exigir a las entidades de crédito políticas de remuneración coherentes con una gestión del riesgo prudente y eficaz.
Contiene medidas de reforma de los mercados de seguros y fondos de pensiones para mejorar la tutela de los derechos de los asegurados y fomentar el desarrollo de la actividad económica en este sector mediante la transparencia en la mediación de seguros y reaseguros, y para simplificar y agilizar los trámites y aumentar la protección de los ahorradores y los tomadores de seguros.
Fomenta la disciplina presupuestaria de las entidades locales, estableciendo controles periódicos de la ejecución presupuestaria.
Se impulsa la eficiencia en la contratación pública y la colaboración público-privada. En especial, se modifica la normativa que regula los modificados de obras de acuerdo con las prácticas recomendadas por la Unión Europea, se establece una mayor transparencia de la información en la contratación pública, se fomenta la realización de contratos de investigación y desarrollo, y se impulsa la participación de pequeñas y medianas empresas en la contratación pública.
Se promueve la responsabilidad social de las empresas, introduciendo la adopción de un conjunto de indicadores para la autoevaluación en esta materia que facilitará, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, el desarrollo de este ámbito empresarial.
Mejora de la competitividad
La Ley continúa el esfuerzo de remoción de obstáculos administrativos iniciado con las normas de transposición de la Directiva de Servicios. Impulsa tres ejes fundamentales en la competitividad de los agentes económicos: el desarrollo de la Sociedad de la Información, la vinculación con las actuaciones de I+D+i y la formación de los trabajadores, con especial atención al sistema de Formación Profesional.
Incorpora medidas de simplificación administrativa. Permite la agilización de la constitución de sociedades para que todos los trámites necesarios puedan llevarse a cabo, con carácter general, en un plazo máximo de uno a cinco días, exceptuando sólo aquellos casos en que la elevada cuantía del capital o la complejidad de la estructura societaria exijan un examen más detallado.
Se reforma la actividad catastral mejorando su coordinación con el Registro de la Propiedad Inmobiliaria y agilizando la tramitación. Se reducen así las cargas administrativas que soportan los ciudadanos, mediante el refuerzo en la colaboración que prestan al catastro los notarios y registradores de la propiedad.
Se profundiza el impulso a la Sociedad de la Información: se regula la utilización de las nuevas tecnologías en la banda de frecuencias de 900MHz; se habilita más espacio en el espectro radioeléctrico para prestar servicios de comunicaciones electrónicas aprovechando la liberación de la banda de frecuencias de 790-862MHz, ocupada hasta ahora por la televisión analógica, y se introduce como elemento integrante del servicio universal la conexión a banda ancha a una velocidad de 1Mbit por segundo, provista a través de cualquier tecnología.
Contiene medidas de impulso a la actividad investigadora y a la innovación y muy especialmente a su vinculación con la actividad empresarial. Fiscalmente, serán deducibles de la base del Impuesto sobre Sociedades, en un 12 por 100, los gastos efectuados en actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica y para el fomento de las tecnologías de la información.
Se lleva a cabo una profunda reforma de la Formación Profesional. El objetivo es facilitar la adecuación de la oferta formativa a las demandas del sistema productivo, ampliar la oferta de formación profesional, avanzar en la integración de la formación profesional en el conjunto del sistema educativo y reforzar la cooperación de las administraciones educativas.
Se incluyen también medidas de lucha contra la morosidad, destinadas a reducir los plazos de pago tanto en las operaciones comerciales como en los contratos con las administraciones públicas.
Sostenibilidad ambiental
Se impulsa la sostenibilidad del modelo energético. Se recogen los grandes principios aplicables en la materia, esto es, la garantía de la seguridad del suministro, la eficiencia económica y el respeto al medio ambiente, y se fija el objetivo nacional de una reducción de un 20 por 100 de las emisiones de gases de efecto invernadero y de un consumo del 20 por 100 de energías renovables sobre el total de consumo de energía bruto, para el año 2020.
Igualmente, en la lucha por la reducción de gases de efecto invernadero se impulsa el incremento en la capacidad de absorción por sumideros, en particular, los vinculados al uso forestal; la compensación voluntaria de emisiones de CO2, en sectores que deben reducirlas y no están sujetos al comercio de derechos de emisión y, también, la constitución de un fondo público para adquirir créditos de carbono, obtenidos por empresas españolas y para impulsar su actividad en sectores asociados a la lucha contra el cambio climático, mejorando además el régimen fiscal de deducción de los gastos efectuados en inversiones destinadas a la protección del medio ambiente.
Se promueve la transformación del sector del transporte para incrementar su eficiencia económica y medioambiental y la competitividad en el mismo.
Se impulsa la reorientación de la política de vivienda para fomentar el alquiler. Se modifica la deducción por inversión en vivienda habitual del IRPF, que sólo será aplicable a los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 24.170,20 euros anuales. Se modifica también la deducción por alquiler de vivienda habitual.
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