Sólo cinco de los 11 emplazamientos previstos en el actual plan territorial sectorial (PTS) de energía eólica de Euskadi se harán realidad, según el acuerdo alcanzado entre Gobierno vasco, ayuntamientos y Diputaciones ocho meses después de que todos los grupos del Parlamento autonómico reclamaran la revisión de dicho programa –aprobado en 2002– en función de nuevos criterios ambientales y tecnológicos.
El consejero de Industria, Bernabé Unda, y su viceconsejero Xabier Garmendia explicaron ayer en la Cámara los detalles del pacto, al que se muestra reticente el Departamento de Medio Ambiente de Álava (EA), que pide mayor contundencia y el descarte definitivo de los parques proyectados en su territorio.
Finalmente, las instituciones han decidido dar luz verde a dos emplazamientos: Mandoegi y Ganekogorta, promovidos por Iberdrola Renovables; han descartado definitivamente otros dos: Ordunte (vetado por Medio Ambiente hace cuatro años) y Kolometa; y ha declarado en una moratoria de facto los cuatro que el Ejecutivo Ibarretxe adjudicó poco antes de dejar Lakua: Montes de Iturrieta y Cruz de Alda, de la irlandesa Esbi; y Gazume y Arkamo, de Orisol, compañía de la órbita de Aernnova.
Las instituciones creen que estos cuatro parques –que se emplazarían en espacios de interés ecológico de la Red Natura 2000– dañarían el paisaje y el ecosistema. Además, quieren cerrar el diseño de las zonas de especial conservación antes de que las nuevas instalaciones eólicas se sometan a la declaración de impacto ambiental.
En la práctica, esta moratoria implicará con toda probabilidad el parón definitivo de los parques, que deberán esperar al menos cinco años hasta que se elabore otro PTS. El nuevo plan se guiará por criterios ambientales más exigentes, que acabarán excluyendo los emplazamientos situados en espacios naturales.
El frenazo eólico ha sentado mal en las empresas. “Hemos dedicado tiempo y dinero al proyecto siguiendo escrupulosamente los requerimientos legales”, señalan en Esbi, cuyos servicios jurídicos evalúan la posibilidad de iniciar acciones tras el parón oficial de su inversión de 170 millones en sus parques de Álava. En Industria, en cambio, descartan posibles actuaciones legales por parte de los afectados, ya que todas las adjudicaciones deben someterse a la declaración ambiental.
M. Á. Fuentes. Bilbao