El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto a concurso la gestión energética de los tres edificios consistoriales: la Casa Gran (el inmueble histórico), el Edifici Nou y el Novíssim.
El contrato de climatización de estas instalaciones, adjudicado a Gas Natural en 1998, venció el pasado ejercicio y se prorrogó un año más. Fue entonces cuando el área de mantenimiento del Ayuntamiento, en colaboración con la Agència de l’Energia –también de carácter municipal– empezó a planear un cambio innovador.
Por un lado, el nuevo servicio se regirá por un contrato de colaboración público-privada. Es decir, el sector privado asumirá la inversión y el mantenimiento de la instalación y el Ayuntamiento pagará un canon por el servicio. El adjudicatario rentabilizará el contrato en función del ahorro energético que logre proporcionar al consistorio.
El adjudicatario rentabilizará el proyecto en función del ahorro energético que logre
Trigeneración
El concurso presenta otra novedad destacable. El nuevo sistema de climatización será de trigeneración, es decir, a partir de gas natural se obtendrá agua fría, caliente y electricidad. El importe de licitación del contrato es de 1,62 millones de euros y el periodo de explotación será de doce años prorrogables a otros dos.
Durante este tiempo el Ayuntamiento prevé pagar una factura total de 2,3 millones de euros, según explica Roser Crivellé, responsable del departamento de mantenimiento y plan de locales. Además del canon que pagará la Administración, el adjudicatario podrá aumentar sus ingresos gracias a la producción eléctrica que envíe a la red, que recibirá una prima por parte de las compañías eléctricas. La potencia de la instalación será de 842 kilovatios (KW).
La directora de la Agència de l’Energia, Cristina Castells, comenta que el ahorro del Ayuntamiento en la factura eléctrica será del 5%. Además, el consistorio no deberá afrontar la inversión inicial ni hacerse cargo del mantenimiento de la instalación.
El Ministerio de Industria ha licitado un contrato similar para su sede de Madrid
El procedimiento del concurso también es innovador. Entre todos los candidatos que acudan a la puja –que está abierta hasta mediados de este mes–, el Ayuntamiento elegirá a tres empresas, que pasarán a la fase de diálogo competitivo, hasta que el consistorio se decante por una de ellas, previsiblemente durante el cuatro trimestre de 2010.
Es la primera vez que se acude a esta fórmula contractual, contemplada por la ley de contratos públicos. Y a pesar de tratarse de un contrato con un importe modesto, forma parte de un ambicioso plan de eficiencia energética. El concurso para el servicio de los tres edificios del equipo de gobierno municipal servirá de experimento, ya que la intención del Ayuntamiento es exportar esta fórmula a otros equipamientos de la ciudad, como los que se proyectan alrededor del mercado del Guinardó, en el antiguo recinto fabril de Fabra i Coats o para el futuro uso de la actual cárcel Modelo.
En cualquier caso, los servicios energéticos se están convirtiendo en una nueva vía de negocio para las empresas, especialmente en momentos en que se reduce la inversión pública. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona sigue la estela del Ministerio de Industria, que hace unos meses sacó a concurso el servicio energético de su sede en Madrid. Constructoras, empresas de energía y grupos de servicios han establecido alianzas para pujar por ese contrato, prueba piloto de un proyecto más amplio que afectará a 330 edificios públicos de toda España. En juego se calcula un negocio de 500 millones de euros.
En el concurso de la sede de Industria han quedado tres finalistas: Dalkia –filial de Veolia y del gigante energético francés EDF–, que acude en alianza con Ferroser –filial de servicios de Ferrovial–; Clece –filial de ACS–, en alianza con Gas Natural Fenosa, y Acciona, que acude en solitario. Por el camino han quedado grupos como Endesa, que acudía con el grupo Comsa Emte; Constructora San José iba en UTE con Tecnocontrol; el grupo Ortiz y Elecnor; la ingeniería Idom, o filiales de empresas como Abengoa, la certificadora Applus+ o GDF Suez (Cofely).